El Lavado de Dinero y los Mercados Globales
El lavado de dinero ha sido un área de exposición al riesgo que preocupa a las instituciones financieras y reguladores gubernamentales desde la década de los ’70. El temor acerca del uso de conductos financieros legítimos para el crimen organizado, el tráfico de armas y de personas, y el financiamiento del terrorismo forzó a las agencias gubernamentales a pedirle a las instituciones financieras que monitorearan las actividades de sus clientes, incluyendo frecuentemente a las actividades de sus clientes más importantes.

La actual amenaza de multas significativas y desprestigio que podrían arruinar a una institución financiera y las carreras de los encargados de la regulación de las instituciones ponen en la mira un área de riesgo que había sido ignorada por mucho tiempo.

Los gobiernos y las organizaciones internacionales, incluyendo la FATF, el Grupo Egmont, el Banco Mundial y el FMI, están involucrados activamente en apoyar a las instituciones financieras y gobiernos para desarrollar regulaciones para la prevención de lavado de dinero, y para monitorear el flujo de fondos entre las entidades involucradas en la creación, preservación y transferencia de activos de todo tipo. Hoy en día se espera que las instituciones financieras, de seguros, los asesores y abogados tengan políticas y procedimientos que aseguren que sus prácticas son consistentes con los estándares regionales e internacionales de prevención de lavado de dinero.

En la banca, varios factores han sido responsables de la creciente conciencia por parte de gobiernos e instituciones acerca de los problemas asociados a los riesgos del lavado de dinero. Sin embargo, la negación de los bancos corresponsales a facilitar las transacciones de aquellos con regulaciones menos estrictas ha creado lo que debe ser considerada la mayor razón para la implementación de acciones correctivas. La incapacidad de operar de manera internacional es un problema fatal para la mayoría de las instituciones, Esto, junto con lo posibilidad de multas y el riesgo a acciones judiciales civiles y criminales contra los ejecutivos y consejeros de las instituciones afectadas, ha creado la motivado que faltaba antes de la adopción de estándares regionales e internacionales más rigurosos.

El Reto para los Banco e Instituciones Financieras Regionales
La meta de la mayoría de las instituciones es la creación de una estrategia completa que incluya tecnología de prevención de lavado de dinero de primer nivel. Sin embargo, esto resulta más costoso, en relación al capital y transacciones, para las instituciones regionales que buscan la misma calidad de administración de riesgo que las instituciones más grandes. El reto para los bancos regionales, es entonces, proveerle las herramientas a sus equipos de cumplimiento y administración de riesgo que les permitan detectar el lavado de dinero sin paralizar a la organización, ocupar demasiados recursos, o impedir la operación normal. La administración de riesgo puede ser un beneficio o un obstáculo. Por una parte, es lo que permite tener operaciones internacionales y hace que el cotejamiento contra listas de detección sea menos oneroso, mientras que permite cumplir con las necesidades de conocer a los clientes. Por otra parte, puede  causar gastos excesivos y convertirse en una carga administrativa. El reto es acabar con una balanza positiva entre estos dos extremos sin causar impactos en los flujos de caja y en la rentabilidad.

En el pasado, la falta de herramientas de monitoreo en los sistemas principales de operación financiera hacía responsables a las gerencias de sucursales para la identificación de clientes y transacciones sospechosas. Las instituciones locales, regionales y comunitarias comúnmente dependían de varios sistemas y aplicaciones para la automatización de sus áreas de responsabilidad. En el caso de la PLD, estas aplicaciones casi nunca proveían la integración de datos necesaria para un análisis concienzudo de transacciones o perfiles de clientes a nivel internacional, regional o nacional, ni podían monitorear todas las actividades de los sujetos que estaban bajo la lupa de la unidad de investigación financiera local.

Esto resultaba en gigantescas pistas de auditoria en papel que consistía de reportes incompletos y erróneos de varios sistemas que causaban monumentales pérdidas de tiempo. Debido a esto, en muchas instituciones el área de cumplimiento se veía como el lugar donde nada de provecho se podía consumar, y donde no había muchas oportunidades para avanzar profesionalmente. Este no es el caso si la alta gerencia se compromete a buscar e implementar una solución que permita la automatización de las responsabilidades de detección y seguimiento de casos. Este programa debe poder ser implementado sin grandes desembolsos ni la parálisis institucional causada por la implementación de una solución por un equipo de consultores que se ganan la vida al cobrar por hora, y no por solución consumada.